Ahora, el sistema financiero

Como parte del raid de reformas legislativas con el acento puesto en una mayor intervención estatal en la vida de los ciudadanos y en la actividad empresarial, ahora el Gobierno estaría dispuesto, según trascendió en fuentes oficiales, a intervenir en el sistema financiero sin reparar, por supuesto, en el daño que esto le ocasionará al país y a la sociedad.

Sin que se conozca una desmentida desde el Poder Ejecutivo, el diputado electo Carlos Heller, con el eco aprobatorio de otros voceros del oficialismo, ha hecho públicas las características de un proyecto de reforma de la ley de entidades financieras. Entre los cambios propuestos se postula la conversión de la actividad financiera en servicio público, lo que da al Gobierno la capacidad de imponer fuertes limitaciones a la libertad de los bancos para decidir sobre el crédito, o acordar la tasa de interés o graduar las condiciones y garantías en función de su evaluación de riesgo.

También se impondrían obligaciones sobre la apertura de sucursales exigiendo el "servicio universal" en toda la extensión geográfica del territorio nacional. El Gobierno decidiría la distribución de la capacidad prestable según las orientaciones que él establezca y tendría la atribución de fijar topes a la tasa de interés y exigir plazos determinados.

Estos postulados equivaldrían a imponer un encaje del 100 por ciento de los depósitos para, a partir de allí, definir desde los despachos oficiales el destino y las condiciones del crédito. Nuevamente se expone como argumento de apoyo la necesidad de reformar una "ley de la dictadura". Se apela, además, a la visión populista, ideológica y emocional de calificar la actividad financiera como propia de individuos avaros y especuladores que logran ingentes ganancias a costa de privaciones del pueblo. Esta visión se suele abonar con una interpretación insuficiente y sesgada de la reciente crisis internacional, sin prestar atención al rol de las finanzas y del mercado de capitales en el progreso del mundo moderno.

No han sido obviamente consideradas con seriedad las consecuencias de un nuevo avance del intervencionismo gubernamental sobre la actividad financiera.

No sólo no se lograrían los supuestos efectos pretendidos, sino que se perjudicaría seriamente la creación de ahorro y el monto y la eficiencia de la inversión productiva. Actualmente, la Argentina presenta uno de los más exiguos índices de bancarización de la región y del mundo, y el crédito alcanza una proporción ridículamente baja respecto de su producto bruto interno. La memoria sobre la incautación directa o indirecta de los depósitos bancarios y el escaso respeto al derecho de propiedad han impulsado a la gente a enviar sus ahorros a otros países o a conservarlos en moneda extranjera en cajas de seguridad o en ingeniosos escondites.

Es fácil advertir que esos comportamientos se acentuarían en lugar de corregirse si los bancos debieran reducir las tasas de interés pagadas a sus depositantes porque a su vez el Gobierno limita las que pueden cobrar en los créditos que otorgan. Debe imaginarse también el desaliento sobre el desarrollo del sistema bancario y el consiguiente incentivo a la intermediación informal.

Tampoco es difícil imaginar el avance sobre la capacidad prestable de los bancos, de un Estado con crecientes dificultades fiscales. Tampoco debe descartarse el avance de la corrupción en un escenario en el que funcionarios de gobierno deciden la orientación del crédito y tienen en sus manos la supervivencia o la desaparición de entidades financieras.

También ha trascendido la intención del oficialismo de gravar con el impuesto a las Ganancias la denominada renta financiera. Esta incluye los intereses obtenidos en depósitos a plazo fijo y otras colocaciones, y las ganancias por ventas de acciones que hubieran sido adquiridas a un precio menor. En este caso la motivación ideológica es potenciada por la urgente necesidad de aumentar los ingresos fiscales para reducir un déficit financiero creciente.

Quienes promueven esta iniciativa no perciben que también contribuiría a desalentar los depósitos y golpearía severamente el mercado de capitales. Con más razón se puede esperar este efecto dañino si la prohibición vigente del ajuste por inflación determina que al gravar la renta financiera nominal, en rigor se lo esté haciendo sobre el capital. Parece que quienes promueven este avance impositivo, así como la reforma del régimen de entidades financieras, no recuerdan los lamentables episodios de corridas bancarias de nuestro pasado, el último de los cuales, en diciembre de 2001, fue el detonante de la crisis económica y financiera que acabó con un gobierno.

Es de esperar que las fuerzas políticas que acompañan al kirchnerismo en iniciativas que parecen satisfacer sus postulados doctrinarios, reflexionen y analicen con seriedad el mayor daño que pueden ocasionarle a un país que ya ha quedado prácticamente fuera de la consideración internacional.